Las doce disposiciones adicionales de la LAU completan sus artículos con reglas sobre vivienda protegida, Registro, depósito de fianzas, retorno, prescripción e índices, entre otras materias. Algunas modificaron leyes que después fueron sustituidas; otras remiten a normativa autonómica. Esta guía recorre las doce en el texto consolidado del BOE, publicado el 13 de noviembre de 2026 y consultado el 14 de noviembre de 2026.
Por dónde empezar
| Si necesitas consultar… | Disposición y comprobación inicial |
|---|---|
| Una vivienda protegida | DA 1: calificación, promoción y normativa territorial. |
| Registro o depósito de fianza | DA 2 y 3: son trámites y organismos distintos. |
| Una subrogación antigua o un retorno | DA 4 y 8: comprueba primero el supuesto legal. |
| Censo, proceso o arbitraje | DA 5, 6 y 7: identifica las referencias históricas. |
| Discapacidad o prescripción | DA 9 y 10: acreditación y régimen aplicable. |
| Actualización de renta o normas autonómicas | DA 11 y 12: fecha, materia y territorio. |
La fecha también importa aquí. Para saber qué régimen conserva un contrato anterior, consulta la guía de disposiciones transitorias. El índice de la serie LAU mantiene el acceso al articulado.
DA 1: vivienda protegida
La adicional primera regula viviendas de protección oficial calificadas para arrendamiento desde la entrada en vigor de la ley. Contempla duración del régimen, renta máxima inicial, revisión pactada y coste real de servicios satisfechos por el arrendador. La duración se vincula a la amortización del préstamo cualificado de promoción o, si no existe, a veinticinco años desde la calificación definitiva.
Esa cifra no define por sí sola el régimen de cualquier vivienda protegida. El apartado 7 establece la aplicación general de estas previsiones en defecto de legislación autonómica específica; los apartados 6 y 8 distinguen la promoción pública y sus normas particulares. Reúne la calificación definitiva y la normativa que identifica la promoción antes de trasladar una regla de alquiler libre.
El apartado 3 exige pacto explícito para revisar la renta y contempla una referencia al Índice de Garantía de Competitividad cuando el pacto no detalle índice o metodología. El BOE advierte del ámbito temporal de la modificación introducida por la Ley 2/2015. No debe confundirse esa previsión con el IRAV del alquiler de vivienda.
DA 2: acceso al Registro
La adicional segunda modificó el artículo 2.5 de la Ley Hipotecaria para incluir contratos de arrendamiento, subarriendos, cesiones y subrogaciones entre los títulos inscribibles. También ordenó desarrollar reglamentariamente los requisitos de acceso al Registro.
El plazo de nueve meses que menciona se dirigía al desarrollo reglamentario desde la entrada en vigor de la ley. No constituye un plazo nuevo de inscripción que empiece cada vez que se firma un alquiler. La documentación exigible debe comprobarse con el Registro de la Propiedad competente. La guía del artículo 37 explica por separado la formalización escrita del contrato.
DA 3: depósito de fianzas
La adicional tercera permite a las comunidades autónomas exigir al arrendador el depósito de la fianza del artículo 36.1 en la Administración o entidad designada. La normativa del depósito debe concretar los datos de las partes, la finca y el contrato que han de aportarse.
Si la Administración no devuelve lo depositado transcurrido un mes desde la finalización del contrato, la disposición prevé interés legal. Ese cómputo pertenece a la relación con la Administración; la devolución al inquilino del artículo 36.4 toma como referencia la entrega de llaves. La guía de fianza desarrolla la diferencia sin atribuir a toda España un único formulario autonómico.
DA 4: preferencia en ayudas de vivienda
La adicional cuarta se refiere a quienes pierdan, por aplicación de la transitoria segunda, un derecho de subrogación por fallecimiento que les reconocía la LAU de 1964. Los considera sujetos preferentes de programas públicos de acceso a vivienda, siempre que cumplan los requisitos de ingresos máximos de esos programas.
La disposición no concede por sí sola una prestación de cuantía fija ni abre una convocatoria. Para consultar programas concretos, utiliza el radar de ayudas y comprueba sus requisitos y vigencia en la fuente oficial.
DA 5: una reforma procesal histórica
La adicional quinta recoge modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881. Sus referencias a artículos antiguos, juicio de cognición o cuantías en pesetas necesitan situarse en ese contexto.
La derogatoria de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil derogó la ley procesal de 1881 con las excepciones que enumera y los artículos 38 a 40 originales de la LAU. Esta adicional no se presenta aquí como un itinerario procesal actual ni como fuente suficiente para fijar plazos de un desahucio de hoy.
DA 6: el censo previsto en 1994
La adicional sexta dispuso un censo de contratos de vivienda subsistentes a la entrada en vigor de la ley. Fijó plazos para su elaboración y para remitir información, contados desde aquella entrada en vigor.
Esos plazos pertenecen al calendario inicial de la LAU. Su lectura no acredita una obligación nueva de presentar hoy todos los contratos en aquel censo. Tampoco sustituye la comprobación de los registros o deberes de información que pueda establecer otra norma para una actividad concreta.
DA 7: la referencia al arbitraje de 1988
La adicional séptima añadió una regla a la Ley 36/1988 de Arbitraje sobre el plazo para dictar laudo en procedimientos derivados de contratos sujetos a la LAU, a falta de pacto expreso.
La Ley 60/2003 de Arbitraje, disposición derogatoria única, derogó la Ley 36/1988. Por eso, el plazo de tres meses de aquella modificación histórica no se ofrece como regla general de cualquier arbitraje actual de alquiler. Para un procedimiento concreto hay que identificar el convenio arbitral y la normativa aplicable.
DA 8: derecho de retorno
La adicional octava contempla el retorno en determinadas actuaciones urbanísticas aisladas no expropiatorias exigidas por el planeamiento, cuando sea necesaria la demolición total o una rehabilitación integral con conservación de fachada o estructura de un edificio con viviendas arrendadas.
Su segundo párrafo concreta condiciones de superficie, características y ubicación de la nueva vivienda que debe proporcionar el arrendador, cualquiera que sea la fecha del arrendamiento. No basta con que haya obras en el edificio para identificar ese supuesto. El expediente urbanístico, el alcance de la actuación y el contrato permiten comprobarlo; la guía del artículo 26 trata otra cuestión, la inhabitabilidad por obras.
DA 9: acreditación de discapacidad
La adicional novena, con terminología histórica en su título, remite la declaración de la situación y del grado de discapacidad a los centros y servicios públicos competentes conforme a la normativa vigente.
La acreditación se comprueba ante la Administración competente, con sus documentos y procedimiento actuales. Esta disposición no fija un mismo grado para cualquier derecho de la LAU: el precepto que se invoque puede establecer condiciones propias, como sucede con las adaptaciones del artículo 24.
DA 10: prescripción
La adicional décima remite al régimen general del Código Civil los derechos, obligaciones y acciones derivados de los contratos que contempla, incluidos los subsistentes al entrar en vigor la ley, cuando no exista un plazo específico de prescripción.
La remisión no establece un número único de años para cualquier reclamación. Deben identificarse la acción, la norma específica, el inicio del cómputo y los hechos relevantes para su prescripción. Conservar requerimientos y justificantes facilita esa comprobación; esta guía no calcula el vencimiento de una acción particular.
DA 11: el índice de actualización de renta
La adicional undécima encargó al INE definir un índice de referencia para la actualización anual de los arrendamientos de vivienda como límite de referencia del artículo 18. El INE explica la definición del IRAV.
El ámbito de aplicación debe comprobarse con el texto legal vigente y sus disposiciones temporales. La DT cuarta de la Ley 12/2023, modificada en octubre de 2026, también se refiere a contratos anteriores. Además, la DF sexta del RDL 29/2026 contiene una limitación extraordinaria para determinadas actualizaciones hasta el 31 de diciembre de 2027. La guía del artículo 18 permite consultar estas reglas conjuntamente.
DA 12: legislación autonómica
La adicional duodécima, añadida por el RDL 29/2026 con efectos desde el 8 de octubre de 2026, recoge el encaje de la ley estatal con las competencias autonómicas civiles y de vivienda.
Su apartado 2 se refiere expresamente a vivienda temporal y alquiler de habitaciones o estancias, sin perjuicio de las disposiciones autonómicas dictadas en el ejercicio de esas competencias y aplicables en su territorio. La localización de la finca es, por tanto, un dato de la consulta. La guía describe la remisión sin resolver un conflicto entre normas para un contrato particular.
Qué reunir y dónde comprobarlo
Conserva el contrato y sus anexos, fechas, calificación de vivienda protegida si existe, justificante del depósito, comunicaciones y documentos administrativos relacionados con la materia. Identifica la comunidad autónoma y el municipio; no todos los apartados llevan al mismo organismo.
El Registro de la Propiedad informa sobre acceso registral; la Administración autonómica competente, sobre vivienda protegida, fianzas o acreditación de discapacidad; el Ayuntamiento, sobre su expediente urbanístico. Para un litigio contractual, la LEC, artículo 45, contiene la regla general de competencia civil con las salvedades legales aplicables. La determinación de un derecho individual requiere examinar sus documentos y la normativa correspondiente.
Versión consultada: LAU, BOE-A-1994-26003, consolidación publicada el 13 de noviembre de 2026; adicionales primera a duodécima comprobadas el 14 de noviembre de 2026. Remisiones contrastadas con LEC, Ley 60/2003, Ley 12/2023 y RDL 29/2026 en sus textos oficiales consultados ese día.