La disposición derogatoria de la LAU sustituye normas anteriores, pero conserva lo previsto en sus transitorias. Sus cuatro finales identifican el fundamento competencial, la entrada en vigor de la ley y dos encargos sobre IPC histórico y compensaciones fiscales. Las cinco se han comprobado en el BOE consolidado, publicado el 13 de noviembre de 2026 y consultado el 14 de noviembre de 2026.

Qué pregunta responde cada disposición

Si necesitas saber… Dónde empezar
Qué normas anteriores sustituye la ley Derogatoria única, junto con las transitorias.
En qué competencia se fundamenta Final primera y artículo 149.1.8 de la Constitución.
Cuándo comenzó a aplicarse la LAU de 1994 Final segunda, incluida su excepción.
Por qué aparece una base de IPC de 1954 Final tercera y régimen histórico de renta.
Qué significa la compensación fiscal que menciona Final cuarta: encargo de un proyecto de ley.

El índice de la serie permite pasar del cierre de la ley a la materia de tu contrato. Las adicionales y las transitorias se consultan por separado, porque cumplen funciones distintas.

Derogatoria: normas anteriores y contratos antiguos

La derogatoria única enumera el Decreto 4104/1964, que aprobó el texto refundido de la LAU de 1964; los artículos 8 y 9 del RDL 2/1985; y las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a la ley. Lo hace expresamente con la salvedad de sus disposiciones transitorias.

Por eso, encontrar una norma anterior en esta lista no basta para descartar su papel en un contrato antiguo. La transitoria primera conserva un régimen para determinados contratos desde el 9 de mayo de 1985 subsistentes al entrar en vigor la ley; la segunda y la tercera se ocupan de viviendas y locales anteriores a esa fecha, con sus modificaciones.

El segundo párrafo añade una precisión territorial para el Decreto de 11 de marzo de 1949: su derogación produce efectos en cada comunidad autónoma cuando se dicten las disposiciones a las que remite la adicional tercera. Esa adicional sobre depósito de fianzas permite a las comunidades establecer el depósito administrativo.

La comprobación de ese segundo párrafo requiere identificar la comunidad y su normativa. La guía no atribuye a todos los territorios una misma fecha de sustitución ni determina qué régimen corresponde a un depósito concreto.

Final primera: marco de competencias

La final primera declara que la ley se dicta al amparo del artículo 149.1.8 de la Constitución. Ese precepto constitucional atribuye al Estado la competencia sobre legislación civil, con las salvedades que recoge respecto de derechos civiles, forales o especiales y las materias que reserva en todo caso.

La disposición explica el fundamento competencial de la LAU. No resuelve por sí sola la concurrencia de normas en una finca determinada. La adicional duodécima recoge también la relación con competencias autonómicas y se refiere expresamente a vivienda temporal y habitaciones. Para situar la consulta importan el territorio y la materia.

Final segunda: fechas de entrada en vigor

La final segunda fija la entrada en vigor general de la LAU en el 1 de enero de 1995. La publicación original se produjo el 25 de noviembre de 1994, en el BOE número 282. Publicación y entrada en vigor son fechas distintas.

El segundo párrafo anticipó el apartado 3 de la transitoria segunda al día siguiente de esa publicación: el 26 de noviembre de 1994. El tercer párrafo establece que los traspasos de local producidos desde la fecha señalada en el párrafo anterior se considerarán producidos a partir de la entrada en vigor de la ley. Es una precisión del calendario inicial que debe leerse con el supuesto correspondiente.

La fecha general de 1995 tampoco es la fecha de entrada en vigor de todas las reformas posteriores. Por ejemplo, el RDL 29/2026 tiene su propia disposición de entrada en vigor. Para una redacción modificada hay que comprobar la norma que la introdujo, sus fechas y su régimen temporal; la fecha de una consolidación del BOE identifica otra cosa.

Final tercera: la referencia al IPC de 1954

La final tercera encargó al Gobierno publicar, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la ley, una relación de los IPC desde 1954 hasta aquella entrada en vigor. El plazo se refiere a ese encargo inicial, no a un trámite que empiece hoy por firmar o revisar un alquiler.

Su segundo párrafo prevé que, publicada la relación, el INE haga constar la variación de la proporción con el índice base de 1954 al anunciar las modificaciones mensuales del IPC. La referencia histórica debe leerse junto con la regla de renta que se pretenda consultar, sin sustituirla automáticamente por otro índice o base.

El portal oficial del IPC del INE da acceso a series, variaciones y certificados. Localizar un índice no determina por sí solo cuánto puede exigirse en un contrato antiguo. Las reglas y documentos de actualización se sitúan en la guía de transitorias; la guía del artículo 18 trata la actualización con su ámbito y fecha propios.

Final cuarta: el encargo sobre beneficios fiscales

La final cuarta ordena al Gobierno presentar a las Cortes un proyecto de ley, transcurrido un año desde la entrada en vigor de la LAU, para articular compensaciones fiscales a determinados arrendadores.

Describe contratos anteriores al 9 de mayo de 1985 que subsistían al entrar en vigor la ley y seguían vigentes, cuyos arrendadores no disfrutasen de la revisión de renta por aplicación de la regla 7.ª del apartado 11 de la transitoria segunda. Son condiciones del encargo legislativo que recoge el texto, no una descripción general de cualquier propietario que alquile una vivienda.

Esta final no establece por sí misma un porcentaje de deducción, una cuantía a cobrar ni un procedimiento de solicitud. Para comprobar un beneficio fiscal concreto hay que identificar su norma reguladora, impuesto, ejercicio y requisitos. La información de la AEAT sobre vivienda e inmuebles permite localizar los apartados tributarios correspondientes. Aquí no se atribuye a aquella previsión histórica una ventaja fiscal actual automática.

Qué comprobar y dónde continuar

Reúne contrato original y anexos, fechas, finalidad, modificaciones y comunicaciones relacionadas con tu pregunta. Para un depósito, identifica territorio y justificante administrativo; para una renta antigua, requerimientos, índices y datos del régimen transitorio; para una cuestión fiscal, impuesto y ejercicio además de los documentos del alquiler.

El BOE permite consultar la norma y sus redacciones; el INE facilita información estadística y certificados de IPC; la Administración autonómica competente informa del depósito dentro de sus funciones, y la Administración tributaria correspondiente, de sus procedimientos fiscales. Determinar la vigencia de un derecho particular o resolver una controversia exige examinar los documentos y la normativa aplicable.

El calendario del contrato tiene un ámbito declarado: no calcula aquí los efectos de las derogaciones, traspasos históricos ni beneficios fiscales. Vuelve al índice LAU para localizar la disposición de tu materia.

Versión consultada: Ley 29/1994, BOE-A-1994-26003, consolidación publicada el 13 de noviembre de 2026; derogatoria única y finales primera a cuarta comprobadas el 14 de noviembre de 2026. Contraste con la publicación original de 25 de noviembre de 1994, Constitución artículo 149.1.8, RDL 29/2026 y portales oficiales del INE y la AEAT consultados ese día.