El artículo 46 de la LAU distribuye la competencia para imponer sanciones entre tres órganos, según la gravedad de la infracción, y permite delegar esas atribuciones. Identificar quién recibe un escrito no basta para saber quién puede sancionar. Texto vigente desde el 8 de octubre de 2026, consultado el 16 de noviembre.

La distribución que contiene el apartado 1

La norma atribuye la imposición de sanciones a las personas titulares de los siguientes órganos:

Clase de infracción Órgano indicado en el artículo 46.1
Muy grave Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana
Grave Secretaría General de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura
Leve Dirección General de Planificación y Evaluación

La tabla reproduce la denominación del precepto consultado. No identifica personas que ocupen cargos ni presume que la estructura administrativa permanezca igual sin comprobarla.

La guía de categorías del artículo 39 y la de sanciones del artículo 43 permiten relacionar tipo de infracción, consecuencia y autoridad prevista. Son comprobaciones conectadas, pero diferentes.

Qué permite la delegación de competencias

El apartado 2 prevé delegar las competencias en la medida y extensión que se considere conveniente. Menciona expresamente órganos que tengan encomendada la tramitación automatizada de denuncias.

Esta habilitación no demuestra que una delegación concreta exista ni cuál sea su alcance. Para un expediente, hay que examinar la atribución invocada y, si procede, la disposición o acto que documente su delegación.

Tampoco significa que toda denuncia automatizada lleve consigo una sanción impuesta automáticamente. El artículo 46 distribuye competencia; la garantía procedimental del artículo 45 sigue exigiendo el procedimiento correspondiente.

Iniciar, instruir e imponer la sanción no son la misma función

El artículo 47 sobre incoación contempla el inicio de oficio por el órgano competente de la Secretaría de Estado. El artículo 50 describe actuaciones del instructor y la elevación de una propuesta al órgano competente para sancionar.

Por eso, el membrete de una unidad que comunica, tramita o recibe documentación no resuelve por sí solo quién adopta la decisión sancionadora. La notificación y el expediente deben permitir identificar los órganos y funciones.

El artículo 53 de la Ley 39/2015 recoge, para procedimientos sancionadores, el derecho a conocer la identidad del instructor, la autoridad competente y la norma que le atribuye competencia.

El artículo no absorbe otras administraciones

El ámbito de este título se limita por el artículo 38 a plataformas y obligaciones de datos. Conserva competencias sobre vivienda, turismo, consumo y urbanismo y las potestades sectoriales de las administraciones correspondientes.

La tabla no permite atribuir a estos tres órganos cualquier sanción turística o urbanística. Para distinguir actividades y regímenes están la guía de tipos de alquiler y la de arrendamientos excluidos.

Qué comprobar y quién resuelve

Revisa el hecho y la categoría atribuidos, el órgano que inicia, el instructor, la autoridad que firma la sanción y la norma de atribución o delegación que se invoca. Una duda sobre competencia necesita esa documentación, no una deducción a partir del domicilio del alojamiento.

El órgano competente debe adoptar la resolución dentro del procedimiento; las discrepancias se plantean por las vías de revisión que correspondan. Esta guía no acredita una delegación ni asigna un expediente real a una unidad.

El precepto procede del RDL 29/2026. El índice de artículos de la LAU enlaza el recorrido completo.

Versión consultada: Ley 29/1994, BOE-A-1994-26003, artículo 46, redacción del RDL 29/2026, BOE-A-2026-20823, vigente desde el 8 de octubre de 2026. Consolidación de la LAU publicada el 13 de noviembre de 2026. Consulta: 16 de noviembre de 2026.