El artículo 35 de la LAU permite al arrendador resolver de pleno derecho el contrato de uso distinto por las causas de las letras a), b), d) y e) del artículo 27.2. Añade la cesión o el subarriendo del local que incumpla el artículo 32. No remite al artículo 27 entero. Texto oficial consultado el 14 de noviembre de 2026.

Cuáles son las cuatro causas remitidas

La referencia debe comprobarse en el artículo 27.2 vigente. Las letras que incorpora el 35 describen estos supuestos:

Letra Causa a la que remite
a) Falta de pago de renta o cantidades asumidas por el arrendatario o que le correspondan
b) Falta de pago de la fianza o de su actualización
d) Daños dolosos en la finca u obras no consentidas cuando sea necesario el consentimiento
e) Actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas

La remisión conserva las condiciones de cada causa. No toda avería equivale a daño doloso ni toda obra necesita la misma autorización. Los documentos del contrato y los hechos determinan qué supuesto se está examinando; el nombre de una queja no acredita por sí solo una causa.

Por qué la cesión se remite al artículo 32

La letra c) del 27.2 habla de cesión o subarriendo inconsentidos en el régimen de vivienda. El 35 no la incorpora: utiliza una referencia específica al artículo 32, propio del uso distinto con actividad empresarial o profesional.

Ese artículo permite en su regla legal ceder o subarrendar sin consentimiento y exige notificación fehaciente en un mes desde que se concierta la operación. También regula elevaciones de renta y determinadas operaciones societarias. Por tanto, «no hubo consentimiento» e «incumple el artículo 32» no son expresiones equivalentes sin examinar el régimen y el contrato.

La letra f) del 27.2, relativa al destino de vivienda, tampoco forma parte de la enumeración del 35. Importarla a un local por copiar la lista completa del artículo 27 borraría la selección expresa del legislador.

Qué papel tiene lo pactado

El artículo 4.3 determina para uso distinto el orden entre voluntad de las partes, título III y Código Civil. Mantiene los títulos I y IV como imperativos y exige exclusión expresa de cada precepto cuando sea posible excluirlo.

El artículo 35 identifica causas de resolución del arrendador, pero no agota por sí solo todas las cuestiones de incumplimiento contractual de las dos partes. El artículo 1124 del Código Civil regula, en las obligaciones recíprocas, cumplimiento o resolución ante incumplimiento, con las condiciones y consecuencias de su texto. Su aplicación requiere leer las obligaciones efectivamente asumidas.

La guía del artículo 27 explica el precepto de vivienda como referencia. No debe utilizarse para dar por incorporados al local todos sus apartados.

«De pleno derecho» no es una descripción del procedimiento

El artículo 35 expresa la facultad resolutoria y sus causas. No contiene un plazo general de salida, un modelo de comunicación ni la secuencia judicial para recuperar la posesión si existe oposición.

Tampoco remite al apartado 4 del artículo 27, que contempla un supuesto registral con condiciones propias. El plazo de diez días hábiles de ese apartado no se convierte, por citar el 35, en un plazo universal para cualquier contrato de local.

Las controversias sobre el contrato se sitúan en el ámbito civil bajo la regla general del artículo 45 LEC, con las atribuciones especiales y el marco de mediación o arbitraje del artículo 4.5 LAU. Esta ficha no desarrolla un procedimiento de desahucio ni determina si una resolución individual ha producido efectos.

Documentos y fechas que ayudan a identificar la cuestión

Contrato, anexos y cláusulas sobre incumplimiento permiten localizar las obligaciones. Los justificantes de pagos y fianza, las autorizaciones de obras, los documentos técnicos y las comunicaciones de cesión o subarriendo sirven para examinar cada hecho. Son grupos distintos de prueba, no un expediente único que el artículo 35 imponga.

La redacción vigente del 35 recoge la modificación de la Ley 4/2013, en vigor desde el 6 de junio de 2013; no se debe atribuir a la reforma de octubre de 2026. En contratos anteriores es necesario identificar las disposiciones transitorias y la redacción aplicable.

También hay que comprobar la finalidad: el artículo 3 actual excluye de su apartado 2 el alojamiento u hospedaje, mientras la DT octava conserva el régimen previo de los temporales que contempla anteriores al 8 de octubre de 2026 hasta su término pactado sin prórroga; su renovación pasa al nuevo régimen temporal.

El índice de la LAU permite volver a esas reglas de ámbito y separar la resolución por incumplimiento de otras causas de terminación.