El artículo 44 de la LAU distingue prescripción de infracciones, prescripción de sanciones y caducidad del procedimiento de plataformas. Los plazos de prescripción son cinco años, tres años o un año según la gravedad; la caducidad se sitúa en nueve meses desde la iniciación, con las reglas y suspensiones previstas. Redacción vigente desde el 8 de octubre de 2026, consultada el 16 de noviembre.

Tres relojes que no deben mezclarse

La infracción es la conducta que puede sancionarse; la sanción es la consecuencia ya impuesta; el procedimiento es el expediente para resolver. Sus plazos no comienzan necesariamente el mismo día.

Categoría Prescripción de la infracción Prescripción de la sanción
Muy grave Cinco años Cinco años
Grave Tres años Tres años
Leve Un año Un año

La guía de clases de infracciones del artículo 39 permite identificar la categoría. La tabla no determina por sí sola si un expediente concreto está prescrito: falta situar el inicio y los hechos que influyen en cada cómputo.

Cuándo comienza la prescripción de la infracción

Según el apartado 2, el plazo no comienza hasta que la infracción se manifieste o exteriorice. En las continuadas, lo hace cuando termina la acción infractora o se produce el último acto con el que se consuma.

No se debe sustituir ese punto de partida por la firma del contrato de alquiler, la primera reserva o una fecha elegida por aproximación. Para este régimen importan la conducta de la plataforma y la obligación de datos afectada.

La guía del artículo 38 sobre responsables delimita ese ámbito. Los plazos de un conflicto civil entre propietario e inquilino no se calculan con esta tabla.

Inicio e interrupción de la prescripción de la sanción

El apartado 3 sitúa el inicio en el día siguiente a aquel en que la resolución sea ejecutable o haya transcurrido el plazo para recurrirla. Añade una regla para la desestimación presunta de alzada o reposición: el inicio se conecta con el día siguiente al final del plazo legal de resolución de esos recursos.

La iniciación del procedimiento de ejecución, con conocimiento del interesado, interrumpe la prescripción. El plazo vuelve a transcurrir si ese procedimiento queda paralizado durante más de un mes por causa no imputable al infractor.

Son condiciones distintas de la mera existencia de una sanción. Fechas de notificación, ejecutabilidad, recursos, inicio de ejecución y paralización deben reconstruirse documentalmente.

La caducidad de nueve meses admite reglas específicas

El apartado 4 prevé caducidad si pasan nueve meses desde la iniciación sin resolución. La falta de impulso de un trámite no produce por sí misma ese efecto.

Cuando se acumulan infracciones antes tramitadas por separado, el plazo para resolver se cuenta desde el acuerdo de inicio del último de los procedimientos incoados. No debe tomarse automáticamente la fecha del primero.

El apartado 5 añade suspensiones a las del artículo 22 de la Ley 39/2015. Mediante resolución motivada puede suspenderse el plazo cuando sea necesario solicitar documentos o elementos de juicio a terceros, o cooperación o coordinación con otras entidades. Esa suspensión abarca desde la remisión de la solicitud hasta la recepción de la información por el órgano que debe continuar.

Por ello, sumar nueve meses al calendario sin leer las actuaciones y suspensiones puede producir una conclusión equivocada. La guía de iniciación del artículo 47 ayuda a identificar el acto de partida.

Caducar no elimina necesariamente toda actuación anterior

El apartado 4 conserva la validez y eficacia probatoria de actuaciones, documentos y pruebas obtenidos en el procedimiento caducado para otros expedientes, sobre el mismo u otro responsable.

También permite iniciar un procedimiento sancionador mientras la infracción no haya prescrito. La caducidad de un expediente y la extinción de la posibilidad de sancionar por prescripción son resultados diferentes.

Entidades disueltas y límite de responsabilidad

El apartado 6 contempla el cobro de sanciones pecuniarias de entidades disueltas y liquidadas frente a socios o partícipes. Establece responsabilidad solidaria hasta el límite del valor de la cuota de liquidación adjudicada.

Esta previsión no permite ignorar la disolución, la liquidación ni lo efectivamente adjudicado. Tampoco amplía sin límite la deuda de cada socio.

Qué comprobar y quién resuelve

Ordena la cronología de la conducta, manifestación o fin; acuerdos de inicio y acumulación; suspensiones y recepción de información; resolución, notificación y recursos; y actos de ejecución. La guía de garantías del artículo 45 sitúa el acceso al expediente y las posibilidades de defensa.

El órgano competente debe valorar los efectos dentro del procedimiento o la ejecución que corresponda; una controversia puede requerir revisión administrativa o judicial. No se determina aquí un vencimiento individual.

Este artículo fue incorporado por el RDL 29/2026. El índice de artículos de la LAU permite recorrer sus remisiones.

Versión consultada: Ley 29/1994, BOE-A-1994-26003, artículo 44, redacción del RDL 29/2026, BOE-A-2026-20823, vigente desde el 8 de octubre de 2026. Consolidación de la LAU publicada el 13 de noviembre de 2026. Consulta: 16 de noviembre de 2026.